Para los expertos, el problema se da porque los jueces toman como base los números del INDEC. Como el juicio puede tardar un año, el monto estipulado en la instancia judicial, queda desactualizado. “El índice oficial no refleja la realidad, por eso es difícil alcanzar un acuerdo”, dicen.
Los especialistas en Derecho de Familia explicaron que, como consecuencia de la inflación, creció el número de reclamos para reajustar la cuota alimentaria de los hijos. Además, advirtieron que el juicio puede tardar hasta a un año, por lo que el monto fijado por el juez queda desactualizado.
Los magistrados suelen tomar como parámetro los números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por lo que los abogados recomiendan pagar en especies.
“Actualizar la cuota alimentaria es la principal preocupación de las mujeres hoy. La cantidad de juicios que se inician por este tema es impresionante. Es que ni las cuotas pautadas en octubre pasado alcanzan ahora”, dijo a Clarín Viviana Koffman, del Club de las Divorciadas.
“Hay muchísimas consultas por este tema. No sólo porque la plata no alcanza, sino porque nadie sabe qué índice de inflación usar. El oficial no refleja la realidad, por eso es un problema ponerse de acuerdo”, asegura Sofía Harari, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
En tanto, el abogado Osvaldo Ortemberg explicó que para fijar la cuota alimentaria “hay que calcular todos los gastos de los hijos. Eso incluye la comida, la salud, la educación, los paseos, los útiles, la ropa, los servicios de la casa, si hay una empleada, transporte escolar, y si van al club o tienen otras actividades”.
Luego, se debe analizar cuánto ganan los progenitores y en base a esos datos se estipula lo que tiene que abonar quien no tiene la tenencia.
La norma establece que se debe probar la necesidad de aumentar la cuota. Se lo puede hacer con tickets de supermercados, boletas de servicios, gastos de comida, facturas de compra de ropa. Así, el aumento de los costos de estos servicios actualiza automáticamente la cuota.
“La ley no indica porcentaje sino que queda al criterio del juez, que suele fijar entre un 20 y un 30% cuando el padre tiene sueldo en blanco”, explica Koffman, pero aclara que no es así cuando los padres tienen gran poder económico. En esos casos prima el nivel de vida del grupo familiar cuando convivía.
Lo más práctico, para Ortemberg, es fijar un porcentaje del sueldo para los trabajadores en blanco porque “a medida que aumentan los sueldos, también sube la cuota”.
